Las opiniones de los participantes se recogieron durante el taller participativo en línea del 27 de enero de 2021, organizado como parte de las actividades de consulta previstas para la revisión de la Directiva sobre la reducción de costes de la banda ancha. Las observaciones así recogidas de las partes interesadas durante el taller, así como las observaciones recibidas a través de la consulta pública y otras actividades de consulta, se incorporarán a la evaluación, la evaluación de impacto y la nueva propuesta legislativa de la Comisión. El presente informe no representa la posición de la Comisión en cuanto al asunto ni excluye el resultado final del proceso de revisión de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.
El taller participativo en línea contó con una participación equilibrada (el 42 % de las partes interesadas del mercado y el 53 % de las autoridades públicas) de unos 180 representantes de 23 Estados miembros y una variedad de partes interesadas, desde operadores de comunicaciones electrónicas, otros operadores de redes, operadores de infraestructuras físicas, así como sus respectivas asociaciones, autoridades públicas (nacionales, regionales y locales) a las que se confiaron las tareas establecidas en la Directiva y expertos.
El taller se inauguró con el discurso principal de Rita Wezenbeek, directora de Conectividad de la DG CONNECT, quien presentó la doble transición — hacia una economía ecológica y digital- como una gran oportunidad para Europa y una de las principales prioridades de la Comisión Europea. Además, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve el importante papel que desempeñan las redes de comunicaciones electrónicas en la vida de los ciudadanos y en las estrategias de las empresas. A este respecto, la Sra. Wezenbeek recuerda que, para el período 2021-2027, la UE pondrá a disposición 1.8 billones de euros de financiación para apoyar la recuperación de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y las prioridades a largo plazo de la UE en diferentes ámbitos políticos. Además de los objetivos digitales apoyados por varios programas de la UE, cada plan nacional de recuperación y resiliencia debe asignar al menos el 20 % a la transición digital.
La Sra. Wezenbeek recuerda que los principales objetivos de la revisión de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, prevista para el primer trimestre de 1 2022, son los siguientes: permitir un despliegue más rápido y eficiente de las redes de muy alta capacidad (VHCN), incluidas la fibra y la 5G; garantizar que las normas estén en consonancia con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (CECE), que los Estados miembros deben aplicar a partir de finales del año pasado, y explorar posibles incentivos para una transición hacia redes más sostenibles. A este respecto, la Comisión proseguiría sus esfuerzos para incentivar las inversiones en redes privadas con una regulación inteligente y probada en el futuro con el fin de fomentar un despliegue más eficiente de las redes de comunicaciones electrónicas avanzadas. Por último, invita a todos los participantes a contribuir activamente a los debates y a configurar juntos la revisión de esta Directiva.
Resumen de las principales opiniones recabadas de los participantes
- Las infraestructuras de conectividad desempeñarán un papel fundamental en la recuperación económica de Europa. También apoyará el desarrollo de futuros servicios innovadores, logrará una mayor digitalización de la economía y colmará la brecha digital que sigue siendo una cuestión crítica. La UE debe mantener su ambición, ya que hay expectativas de cobertura de fibra ubicua en toda Europa.
- El CECE y su transposición y aplicación oportunas son vitales para el despliegue de la red. También es importante aclarar la relación con el instrumento revisado, en particular en lo que se refiere a las obligaciones simétricas/asimétricas y los conceptos utilizados en ambos instrumentos.
- La Directiva sobre los derechos de los consumidores es fundamental para el despliegue de la red. Algunas de las normas útiles que la Directiva ha presentado no se han utilizado al máximo, debido en parte al carácter voluntario de muchas disposiciones. Algunos participantes señalaron la fragmentación de la aplicación de la Directiva y las dificultades en su cumplimiento, lo que posiblemente dio lugar a la fragmentación del mercado en toda la UE.
- Las siguientes cuestiones siguen siendo fundamentales para el despliegue de la red: simplificar los onerosos procedimientos administrativos (concesión de autorizaciones, proceso, calendario, normas), poner a disposición información sobre las obras civiles previstas y las infraestructuras físicas existentes, ampliar el acceso a la infraestructura física de los organismos públicos, superar las dificultades para crear sinergias con las redes de diferentes servicios públicos, mejorar la planificación y la coordinación y reforzar el papel del Punto de Información Único (SIP).
- El punto único de información (SIP) y las autoridades de resolución de litigios desempeñan un papel clave. El papel del SIP podría reforzarse (por ejemplo, a través de un punto de entrada único para las solicitudes de permisos, una mayor coordinación y transparencia, los principios de acceso y costes, la gobernanza, el uso de procedimientos normalizados y digitales). Podría mejorarse la información sobre los resultados de los procesos de resolución de litigios, así como la cooperación entre los PSI y los organismos de resolución de litigios.
- El mercado y las situaciones jurídicas son muy diferentes en la UE, aunque los retos parecen ser los mismos. Los enfoques potencialmente más suaves pueden ser útiles en determinados ámbitos y la caja de herramientas de conectividad es una herramienta positiva. Aunque una armonización de gran alcance a escala de la UE podría suponer un reto en algunos ámbitos, la situación podría mejorarse para eliminar diferentes normas, condiciones y procesos dentro de cada Estado miembro (por ejemplo, introduciendo procedimientos de concesión de autorizaciones más rápidos y eficientes en el marco de un sistema centralizado o normas armonizadas, orientaciones sobre el reparto de costes y otros aspectos de la fijación de precios, etc.). Por lo que se refiere al posible instrumento jurídico, algunos participantes pidieron un reglamento, mientras que otros expresaron su preferencia por una directiva.
- Por lo que se refiere a las redes de comunicaciones electrónicas más sostenibles, el uso compartido de redes o el despliegue conjunto pueden contribuir a alcanzar este objetivo. La transición de las redes de cobre a las redes de fibra que conduce al cierre del cobre puede desempeñar un papel importante en la reducción de la huella ambiental del sector. La revisión de la Directiva sobre los requisitos de capital también debe tener en cuenta el impacto medioambiental de las redes.
- Podría considerarse la posibilidad de facilitar el acceso a activos de propiedad pública para instalar elementos de red más allá del concepto de células pequeñas, así como algunos enfoques coherentes sobre las técnicas de despliegue utilizadas, como el microtrenzado.
- Es necesaria una cooperación y coordinación rápidas entre las autoridades competentes pertinentes, también a nivel local. A este respecto, en particular, las autoridades locales se beneficiarían de un mayor apoyo (por ejemplo, con herramientas informáticas, con material de formación e información, etc.).
Nuevos motores para el despliegue de la red: puntos de vista de los participantes
Las nuevas necesidades en el mercado de las comunicaciones electrónicas en el contexto del despliegue de la red VHCN incluyen la armonización del panorama fragmentado de permisos para desplegar redes y una mejor aplicación de la normativa. La cooperación entre las autoridades locales y con los operadores, así como la coordinación de los mecanismos de planificación, serían muy importantes, ya que los procedimientos de concesión de autorizaciones a veces han ralentizado el despliegue de la red.
Algunos participantes también pidieron la planificación conjunta de las redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y 5G debido a las sinergias entre ellos, al tiempo que señalaron la falta de mano de obra cualificada y la reticencia de algunas autoridades locales a técnicas de microtrenzado que podrían reducir significativamente el coste de los despliegues. Por lo que se refiere a los beneficios socioeconómicos del despliegue de VHCN para las comunidades locales, algunos participantes subrayaron la importancia de apoyar a los pequeños y medianos operadores mediante el fomento de los conocimientos especializados, así como de proporcionar directrices a las autoridades locales y poner a disposición financiación pública.
Por lo que se refiere a la doble transición hacia una economía ecológica y digital, los participantes coincidieron en la importancia de las posibles medidas para reducir la huella ambiental del despliegue de la red y pidieron un enfoque equilibrado. Entre los elementos clave que podrían conducir a la reducción de la huella ambiental, tanto para los elementos pasivos como para los activos, cabe citar la puesta en común de las infraestructuras existentes, la coordinación de las obras civiles, la mejora del acceso a los bienes y servicios públicos, así como el uso de redes subterráneas.
Problemas persistentes y soluciones propuestas — puntos de vista de los participantes
Los participantes pidieron que se aclarara el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, en particular para dar cabida al concepto de «NHCN», revisar la definición de infraestructura física, incluir los activos propiedad de las autoridades públicas o gestionados por ellas, aclarar las obligaciones en materia de acceso a la infraestructura física y el concepto de «condiciones justas y razonables» en lo que respecta al acceso y la fijación de precios a la infraestructura física y garantizar la coherencia con las disposiciones del CECE.
Los participantes coincidieron en la necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y valoraron la caja de herramientas de conectividad como herramienta muy útil que, al recopilar las mejores prácticas y fomentar el intercambio de información entre las administraciones públicas, permite a los Estados miembros aprender unos de otros y aplicar medidas para superar algunos de los principales obstáculos actuales.
Los participantes consideraron que la seguridad jurídica y la gobernanza son cuestiones importantes y algunos pidieron directrices nacionales sobre resolución de litigios (por ejemplo, en lo que respecta a los mecanismos de fijación de precios, plazos), así como un marco jurídico actualizado, en particular en lo que respecta a las normas sobre ayudas estatales, los procedimientos administrativos y las sanciones para los administradores de la construcción que denieguen injustificadamente el acceso a los operadores.
Algunos participantes reconocieron que las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de los consumidores sobre la coordinación de las obras civiles no se han utilizado ampliamente y señalaron la necesidad de contar con normas armonizadas, especialmente sobre los campos electromagnéticos y los procedimientos de concesión de autorizaciones. Algunos participantes afirmaron que la falta de coordinación en lo que respecta al acceso a la red había ralentizado el despliegue y había aumentado sus costes. Pidieron la coordinación de la concesión de los derechos de paso tanto para el despliegue de la red como para la instalación de antenas, especialmente para el despliegue de la 5G y la fibra. Algunos participantes también señalaron las diferentes técnicas y disposiciones legales aplicables a otros sectores de la red, lo que dificulta la coordinación intersectorial.
Algunos participantes destacaron que el acceso a la infraestructura pública podría contribuir a reducir los costes de despliegue y pidieron un mejor acceso a los activos e infraestructuras públicos.
Por lo que se refiere a la transparencia y al SIP, la mayoría de los participantes convino en que sería beneficioso contar con una plataforma única que proporcionara un mejor acceso a la información sobre la infraestructura física existente y las obras civiles previstas, así como garantizar una función de coordinación reforzada. La integración de las plataformas locales existentes en una única plataforma nacional sería beneficiosa, en particular para las autoridades locales que no disponen de los conocimientos especializados o los recursos necesarios. Los participantes recordaron que el sector privado también debería mejorar su cumplimiento de las obligaciones de transparencia para cartografiar con precisión la infraestructura física.
Procedimientos de concesión de autorizaciones — punto de vista de los participantes
Las partes interesadas del mercado destacaron el elevado número de permisos y el tiempo necesario para preparar las solicitudes debido a la diversidad de normas dentro de los Estados miembros y entre ellos. Los participantes coincidieron en la necesidad imperiosa de armonizar y racionalizar los procedimientos administrativos para el despliegue de redes tanto móviles como fijas. Más concretamente, algunos participantes pidieron procedimientos de autorización más sencillos, en particular para las construcciones más pequeñas o a través de acuerdos marco. Los permisos específicos relativos al patrimonio cultural o medioambiental se mencionaron como especialmente engorrosos. Algunos participantes destacaron la utilidad de la aprobación tácita para fomentar el despliegue de la red y pidieron que se ampliara su uso, además de aligerar los procedimientos o incluso eximir a determinados tipos de despliegues de los permisos.
Muchos participantes pidieron un sistema centralizado de concesión de permisos (por ejemplo, una ventanilla única basada en procedimientos digitales normalizados) que debería proporcionar información sobre el estado de las solicitudes de permisos de manera transparente, así como una mejor coordinación administrativa, en particular para los grandes despliegues de redes que abarcan varias regiones. Esta solución tiene por objeto apoyar especialmente a las autoridades locales que carecen de recursos o conocimientos especializados.
Varios participantes pidieron una ampliación de los procedimientos de concesión de autorizaciones más allá de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas, de conformidad con el artículo 57 del CECE. Además, los participantes apoyaron la armonización de las condiciones para la concesión de autorizaciones con la concesión de derechos de paso, también en lo que se refiere a las tasas y tasas aplicables. Los participantes también apoyaron la idea de un permiso basado en los costes y tasas de instalación, así como derechos de paso, y algunos de ellos pidieron el acceso gratuito a los tejados o a determinados tipos de instalaciones u obras sencillas, como determinadas antenas para redes móviles o microtrenzado.