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Dichos Estados miembros son: Bélgica [INFR(2024)2055], Chequia [INFR(2024)2057], Alemania [INFR(2024)2060], Estonia [INFR(2024)2058], Grecia [INFR(2024)2061], Francia [INFR(2024)2059], Italia [INFR(2024)2062], Chipre [INFR(2024)2056], Letonia [INFR(2024)2064], Luxemburgo [INFR(2024)2063], Malta [INFR(2024)2065], Austria [INFR(2024)2054], Polonia [INFR(2024)2066], Portugal [INFR(2024)2067], Rumanía [INFR(2024)2068], Eslovenia [INFR(2024)2070], Eslovaquia [INFR(2024)2071] y Suecia [INFR(2024)2069].
La Ley de Gobernanza de Datos facilita el intercambio de datos entre sectores y países de la UE en beneficio de los ciudadanos y las empresas. Aumentará la confianza en el intercambio de datos al establecer normas para la neutralidad de los intermediarios de datos que conecten a las personas y las empresas con los usuarios de datos. Las actividades de intermediación de datos deben ser estrictamente independientes de cualquier otro servicio que presten, estar registradas y poder identificarse mediante un logotipo común de la UE. La ley también facilitará la reutilización de determinados datos en poder del sector público y estimulará el intercambio voluntario de datos. El altruismo de datos permite a los ciudadanos dar su consentimiento para poner a disposición los datos que generan para el bien común, por ejemplo, para proyectos de investigación médica. Las organizaciones de gestión de datos con fines altruistas pueden decidir ser incluidas en un registro público y utilizar el logotipo común de la UE. Deben tener carácter no lucrativo y cumplir los requisitos de transparencia, así como ofrecer salvaguardias específicas para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos y las empresas que decidan compartir sus datos. Aplicable desde el 24 de septiembre de 2023, las autoridades responsables se encargan del registro de las organizaciones de gestión de datos con fines altruistas y de supervisar el cumplimiento de los proveedores de servicios de intermediación de datos. Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento a los dieciocho Estados miembros afectados, que disponen ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado.