Los videojuegos modernos a menudo dependen de los servidores de los editores para funcionar. Los editores pueden dejar de admitir estos servidores, lo que hace que los juegos se vuelvan parcial o totalmente injugables. Por lo tanto, la ICE invitó a la Comisión a proponer legislación que garantice que los jugadores puedan seguir jugando a los videojuegos después de que los editores dejen de prestar apoyo comercial a estos juegos.
La Comisión considera que, en esta fase, no puede proponer una obligación legal de mantener la jugabilidad de los videojuegos una vez que hayan dejado de ofrecerse comercialmente. Esto se debe también a los derechos de propiedad intelectual existentes. Con arreglo a la legislación de la UE en materia de derechos de autor, los titulares de derechos disfrutan de derechos exclusivos sobre sus creaciones. Además de los derechos de autor, otros derechos de propiedad intelectual también pueden ser relevantes, ya que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego.
La legislación vigente de la UE en materia de protección de los consumidores ya prevé importantes salvaguardias que protegen los intereses económicos de los consumidores. Los proveedores de videojuegos deben informar a los consumidores sobre la duración y las condiciones para rescindir el contrato antes de que los consumidores se inscriban en el videojuego. La Directiva sobre contenidos y servicios digitales ofrece a los consumidores vías de recurso cuando los contenidos o servicios prestados no se ajustan al contrato y a lo que los consumidores podrían esperar razonablemente. Los consumidores pueden tener derecho a un reembolso proporcional de sus compras.
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Más información sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Stop Destroying Videogames».