Las observaciones así recogidas de las partes interesadas institucionales durante el taller, así como las observaciones recibidas a través de la consulta pública y otras actividades de consulta, se incorporarán a la evaluación, la evaluación de impacto y la nueva propuesta legislativa de la Comisión. El presente informe no representa la posición de la Comisión en cuanto al asunto ni excluye el resultado final del proceso de revisión de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.
En el taller en línea participaron más de 100 representantes de autoridades públicas competentes a distintos niveles (nacional, regional y local), incluidas las encargadas de las tareas establecidas en la Directiva sobre los derechos de los consumidores, procedentes de 23 Estados miembros, Noruega, Albania y Serbia.
El taller se inauguró con un discurso clave de Roberto Viola, director general de la DG CONNECT, quien subrayó que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una vez más que la conectividad de banda ancha avanzada es un servicio fundamental, y pidió a todos los niveles de las administraciones que colaboren para garantizar el despliegue oportuno de la infraestructura de conectividad para todos los ciudadanos y empresas europeos. El Sr. Viola reconoce el importante papel que desempeñan las administraciones públicas en lo que respecta al despliegue de redes de comunicaciones electrónicas e invita a todas las autoridades competentes, en particular, a aligerar los procedimientos administrativos, garantizar la coordinación entre los distintos niveles administrativos, acelerar la resolución de litigios y facilitar el acceso a los activos públicos.
El Sr. Viola subraya que la conectividad es una iniciativa emblemática para la recuperación y la resiliencia de la UE. Recuerda que los Estados miembros están elaborando actualmente planes de recuperación y resiliencia y subraya que la Comisión Europea y los Estados miembros deben trabajar juntos para poner en práctica estos planes y ponerlos en práctica con rapidez. En este contexto, el Sr. Viola invitó a los Estados miembros a seguir trabajando juntos para identificar las mejores prácticas que apoyen el despliegue eficiente de la red y a acordar la caja de herramientas de conectividad antes de finales de marzo.
El Sr. Viola destaca que la revisión de la Directiva sobre los derechos de los consumidores forma parte de los esfuerzos comunes de la UE para mejorar la conectividad digital, ya que el nuevo instrumento legislativo es necesario para facilitar e incentivar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas avanzadas y sostenibles reduciendo los costes de despliegue mediante un conjunto de medidas armonizadas. Por último, invita a todos los participantes a que contribuyan activamente a los debates del taller, en general a la revisión de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, y a que colaboren para garantizar que el nuevo instrumento aporte simplificación y reducción de cargas y se aplique efectivamente sobre el terreno.
Resumen de las principales opiniones recabadas de los participantes
1. La crisis pandémica de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la creciente dependencia de nuestra sociedad de las redes de comunicaciones electrónicas avanzadas, que deben desempeñar un papel central para todos los ciudadanos y empresas.
2. Las autoridades locales desempeñan un papel muy importante en la aceleración del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas y deben mejorar la coordinación entre ellas, así como con otras autoridades públicas competentes. Los entes locales y regionales se beneficiarían de un mayor apoyo (por ejemplo, herramientas informáticas, material de formación e información, conocimientos sobre la resolución de litigios, etc.).
3. La revisión de la Directiva sobre requisitos de capital es fundamental para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas. Los participantes consideran que algunas de las normas que la Directiva ha presentado son útiles, pero no se han utilizado todo su potencial, en parte debido al carácter voluntario de muchas disposiciones. Por lo que se refiere a unas redes de comunicaciones electrónicas más sostenibles, el uso compartido de redes y el despliegue conjunto podrían contribuir a alcanzar este objetivo.
4. Debe reforzarse el papel de las ventanillas únicas de información (SIP) (por ejemplo, a través de la información georreferenciada y otra información operativa pertinente, la mejora de la coordinación y la transparencia, las directrices sobre el acceso y los principios de costes, la gobernanza y el uso de procedimientos digitales). Por otra parte, el desarrollo de normas y directrices para las infraestructuras en el interior de los edificios ayudaría a preparar el despliegue de la red en el interior de los edificios y facilitaría el acceso a dichas infraestructuras.
5. La revisión de la Directiva sobre requisitos de capital podría considerar la posibilidad de facilitar el acceso a activos de propiedad pública o financiados con fondos públicos para instalar elementos de red más allá de las células pequeñas, así como algunos enfoques coherentes sobre las técnicas de despliegue utilizadas, como el microtrenchado.
6. Existe una clara necesidad de mejorar la transparencia y de publicar directrices en relación con la resolución de litigios, en particular mediante la publicación de decisiones y directrices sobre aspectos tanto de procedimiento como técnicos. Los organismos de resolución de litigios también deben tener en cuenta las competencias de las distintas autoridades públicas en lo que respecta al acceso a la infraestructura física existente. La resolución de litigios podría mejorarse gracias a las prácticas de mediación.
Puntos de vista de los participantes sobre la transparencia — mejoras en los puntos de información únicos (SIP), aspectos de coordinación y acceso a las infraestructuras públicas
Por lo que se refiere a la información y las funcionalidades clave que el SIP debe ofrecer, los participantes destacaron la importancia de incluir información georreferenciada, que debe actualizarse periódicamente, entre la información facilitada por el SIP. También indicaron que equipar a los SIP con herramientas para la conversión automática de información clave, así como el uso del formato digital, sería una solución eficaz y valiosa. Aunque algunos participantes pidieron que los PSI proporcionen información que vaya más allá de los requisitos actuales de la Directiva sobre requisitos de capital, como la información sobre la capacidad excedentaria, algunos participantes señalaron que la situación de la capacidad excedentaria es muy dinámica y, por tanto, difícil de proporcionar con precisión. Los participantes también observaron que algunas disposiciones de la Directiva relativa a la transparencia no son obligatorias y, por lo tanto, limitan la eficacia de la Directiva y piden procedimientos más armonizados y una mejor coordinación entre las autoridades públicas competentes.
Por lo que se refiere a la posible centralización de las funciones del SIP en un único organismo y a la manera de garantizar la coordinación administrativa, los participantes destacaron la importancia del intercambio de información en un sistema centralizado, pero hicieron hincapié en la necesidad de contar con oficinas de banda ancha que desempeñen funciones SIP a nivel local, donde deberían construirse los conocimientos y la capacidad administrativa necesarios. Los participantes también reconocieron el papel fundamental que desempeñan los planes nacionales de banda ancha en el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas. Algunas ANR indicaron que, cuando garantizan funciones relacionadas con la transparencia del SIP, observaron sinergias con sus funciones reguladoras. Sin embargo, algunos participantes se mostraron a favor de permitir que los usuarios accedan a diferentes autoridades competentes a través de una única plataforma digital en lugar de confiar a un único organismo todas las tareas conexas. Algunas autoridades regionales también sugirieron la idea de federar los PSI regionales, mientras que una autoridad nacional garantizaría la coordinación a través de directrices, normas, procedimientos y aspectos técnicos. Algunos participantes también indicaron la confidencialidad como preocupación que tendrían los operadores en lo que respecta a la información compartida a través del SIP.
Por lo que se refiere al posible papel futuro del SIP en relación con la concesión de autorizaciones, los participantes señalaron que las competencias para la concesión de autorizaciones se distribuyen principalmente a nivel local, mientras que el SIP se ha aplicado principalmente a nivel nacional. Mientras que algunos participantes explicaron su experiencia positiva de utilizar el SIP como punto de entrada único tanto para la transparencia como para la concesión de autorizaciones para tareas relacionadas con el tratamiento, otros alegaron que este modelo podría no funcionar fácilmente en todos los Estados miembros. Algunos participantes también compartieron sus resultados positivos de la concesión de varios permisos para pequeñas obras en el mismo ámbito de interés a través de un permiso agregado concedido. Además, los participantes convinieron en que contar con procedimientos de autorización armonizados y utilizar medios electrónicos para la tramitación de los permisos reduciría la carga administrativa tanto para los operadores de redes de comunicaciones electrónicas como para las autoridades públicas afectadas. Además, algunos participantes señalaron el reto de integrar diversos sistemas de tecnología de la información actualmente utilizados o en fase de desarrollo por varias autoridades competentes afectadas.
Por lo que se refiere al acceso a determinados tipos de infraestructuras controladas por organismos del sector público (ampliando la lógica que subyace al artículo 57 del CECE), los participantes coincidieron en que la revisión de la Directiva sobre los derechos de los consumidores debería tener en cuenta esta cuestión y algunos participantes afirmaron que ya se había aplicado en algunas regiones. Algunos participantes pidieron directrices de la UE para fomentar la inversión en condiciones similares más allá de las células pequeñas, mientras que otros abogaron por el respeto del principio de proporcionalidad y de criterios bien definidos, a fin de evitar solapamientos y garantizar la seguridad jurídica. Algunos participantes también pidieron que se aclararan las disposiciones relativas al acceso a los tejados de los edificios, ya que eran las más interesantes para algunos operadores. Algunos participantes también pidieron que se considerara debidamente la posibilidad de reutilizar instalaciones de propiedad o financiación pública (por ejemplo, mástiles utilizados para sistemas de emergencia) adecuadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas. Los participantes también acordaron que el acceso a la infraestructura pública debería concederse en condiciones no discriminatorias. Algunos participantes también señalaron que las entidades encargadas de las obras públicas previstas podrían promover o exigir de forma proactiva la construcción de infraestructuras físicas de recambio adecuadas para las redes de comunicaciones electrónicas, ya que esto facilitaría una mayor disponibilidad y acceso de los operadores interesados a dicha infraestructura.
Puntos de vista de los participantes sobre una resolución de litigios más eficiente y transparente y una mejor aplicación
Por lo que se refiere a las formas de simplificar y hacer más eficaces y eficientes los procedimientos de resolución de litigios, los participantes indicaron la necesidad de unos procedimientos más claros, sencillos y transparentes, adaptables a las circunstancias nacionales. Algunos participantes señalaron que la publicación del formulario de solicitud de permisos haría que la solicitud fuera más específica y ayudaría a evitar algunos litigios. Más aún, un breve proceso de mediación sería útil y compartir los acuerdos celebrados por los operadores con los organismos de solución de diferencias (OSD) y publicar las resoluciones finales del OSD ayudaría a obtener una visión amplia de la situación del mercado. Algunos participantes pidieron una carga de la prueba más clara para las partes en la resolución de litigios, lo que contribuiría a mejorar la eficacia del procedimiento. Por último, los participantes también reconocieron la necesidad de que los municipios reciban una formación adecuada para adquirir conocimientos técnicos y conocimientos sobre litigios que les afecten.
Por lo que se refiere a las directrices sobre resolución de litigios ( por ejemplo, sobre aspectos de procedimiento, precios, etc.), algunos participantes convinieron en su valor añadido, en particular para aumentar la transparencia en aspectos como la fijación de precios y la coordinación del despliegue, y pidieron que se desarrollaran a nivel nacional. Algunos participantes informaron de que algunos Estados miembros ya habían publicado dichas directrices, mientras que otros habían creado grupos de expertos para elaborar dichas directrices, por ejemplo, sobre el uso compartido de infraestructuras. Aunque todos los participantes coincidieron en que las directrices ayudarían a los operadores a comprender y defender mejor sus derechos, algunos opinaron que, en lo que respecta a la fijación de precios, la publicación de decisiones anteriores podría ser suficiente, señalando que, de alguna manera, los órganos de solución de diferencias proporcionan orientación a través de sus decisiones individuales. Aunque algunos participantes explicaron que algunos Estados miembros habían publicado algunos principios relativos al uso compartido de infraestructuras y a la equidad y la moderación de los costes de construcción, las opiniones variaban desde los enfoques obligatorios hasta los voluntarios.
Por lo que se refiere a los beneficios potenciales derivados del establecimiento de normas sobre las condiciones y los precios del acceso a la infraestructura interna, los participantes consideraron que los propietarios de edificios deberían tener las mismas obligaciones que los operadores de red y acordaron los beneficios de contar con una metodología de fijación de precios transparente. Además, los participantes consideraron que la normalización de los procedimientos y de los aspectos técnicos sería importante para garantizar la eficacia de dichas disposiciones. Algunos participantes también pidieron que se aumentara el nivel de compromisos para las futuras infraestructuras en el interior de los edificios y de transparencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo la autonomía de que disfrutan los municipios. Además, algunos participantes señalaron la diferencia de precios para acceder a la infraestructura interna de los edificios nuevos en comparación con los antiguos. Por último, algunos participantes consideraron que la obligación de garantizar un acceso abierto y no discriminatorio a la infraestructura interior de los edificios ya debería ser bien conocida en los Estados miembros, pero pidieron que se aclararan las condiciones de acceso a los tejados de los edificios, en particular para la instalación de mástiles y antenas.
Por lo que se refiere a la posible mejora de los procedimientos de ejecución, si bien algunos participantes explicaron los sistemas de aplicación vigentes en sus países, los participantes opinaron que las sanciones debían considerarse el último recurso. Sin embargo, algunos participantes expresaron su determinación a la hora de aplicar sanciones, en particular en caso de incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transparencia. Algunos participantes aclararon que algunos procedimientos de ejecución en sus respectivos países se habían llevado a cabo sobre la base del Reglamento sobre el peso significativo en el mercado (PSM) y no sobre la base de las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Algunos participantes también señalaron que la interacción entre las autoridades públicas sería importante, ya que el acceso (también en lo que respecta al precio) a la infraestructura pública podría estar relacionado con la legislación pública en materia de impuestos y tasas o con las prerrogativas de las autoridades locales.