La UE propone nuevas normas para la conectividad Gigabit

Existe una creciente demanda de tecnología digital y herramientas, servicios y soluciones más innovadoras. Dependerán de la disponibilidad de conexiones más rápidas, más confiables e intensas de datos. Las normas propuestas apoyarán el objetivo de la Década Digital 2030 en materia de conectividad, cuyo objetivo es garantizar que todos en la UE tengan acceso a una conectividad rápida de Gigabit y a datos móviles rápidos de aquí a 2030.

La Comisión revisó la Directiva de reducción de costes de banda ancha de 2014 y presentó la Ley de infraestructuras de Gigabit en su lugar. El nuevo acto actualizará las normas para garantizar un despliegue más rápido, barato y sencillo de las redes Gigabit y abordará los principales desafíos que se interponen en el camino del despliegue de la red: procedimientos costosos y engorrosos para el despliegue de la red.

La propuesta de Ley de Infraestructura de Gigabit tiene por objeto:

• reducir y simplificar los procedimientos para que los operadores accedan a la infraestructura física existente, lo que les permite reutilizar la infraestructura para un despliegue más rápido de la red
• reducir los retrasos en la concesión de permisos y la resolución de controversias
• garantizar una mayor coordinación de las obras civiles entre los operadores de comunicaciones electrónicas y los operadores de otras redes como el gas, el agua, la electricidad y el transporte
• establecer procedimientos administrativos digitalizados para los operadores que implementan redes de gigabit
• lleve fibra dentro de cada edificio nuevo o mayormente renovado

Las normas revisadas se basarán en la Directiva sobre la reducción de costes de la banda ancha, que sigue en vigor hasta que los colegisladores adopten la Ley de infraestructuras de Gigabit:

Concesión de permisos

Colocar cables de fibra puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Mediante la creación de un punto único de información, los operadores pueden acceder a toda la información y los procedimientos pertinentes y presentar solicitudes de obras civiles con vistas a la implantación de redes de comunicación de alta velocidad. En cualquier caso, a menos que la legislación nacional disponga expresamente otra cosa, toda decisión de autorización debe adoptarse en un plazo de cuatro meses, salvo en circunstancias excepcionales, a partir de la recepción de una solicitud de permiso completa. Toda denegación debe justificarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

Coordinación de obras civiles

Las normas permiten a los proveedores de redes coordinar las obras civiles creando mayores oportunidades para el despliegue compartido entre sectores, así como dentro del sector de las comunicaciones electrónicas.

Con el fin de facilitar la coordinación, cualquier operador de red debe poner a disposición, previa solicitud escrita específica, o a través de un punto de información único u otros medios disponibles al público, la siguiente información mínima relativa a sus obras civiles en curso o previstas:

• ubicación y tipo de obras
• los elementos de red implicados
• la fecha estimada de inicio y duración de las obras, y
• un punto de contacto

Se aplican obligaciones adicionales a los operadores de redes para proyectos financiados total o parcialmente por medios públicos: estos operadores deben atender cualquier solicitud razonable de coordinación de obras, siempre que no suponga ningún coste adicional, no obstaculice el control sobre la coordinación de las obras y la solicitud se presente a su debido tiempo.

Acceso a la infraestructura física existente

El acceso a la infraestructura física existente minimiza los costos y acelera el despliegue de redes de alta velocidad. También puede beneficiar a las empresas que permiten ahorros significativos en comparación con la excavación de nuevo.

De acuerdo con la Directiva, los operadores de redes (comunicación electrónica, servicios públicos de energía, etc.) deben dar acceso a su infraestructura física (por ejemplo, conductos, alcantarillas, armarios, postes) a los proveedores de redes que implementen banda ancha de alta velocidad en condiciones justas y razonables, incluido el precio.

Para hacerlo de manera transparente, los proveedores de redes tienen derecho a acceder a la información mínima, previa solicitud, en relación con:

• ubicación y ruta
• tipo y uso actual de la infraestructura y
• un punto de contacto.

Los operadores de redes que lo soliciten, si aún no están disponibles a través del Punto Único de Información, y los organismos del sector público que la poseen deben facilitar esta información. Los Estados miembros también podrán exigir a estos organismos del sector público que pongan la información a disposición de manera proactiva a través del Punto Único de Información. Sin embargo, si el acceso a esta información podría causar un problema de seguridad, los Estados miembros pueden limitar el acceso.

Infraestructura dentro de los edificios

Las normas garantizan una infraestructura física accesible y de alta velocidad en todos los edificios de nueva construcción y mayormente renovados. Esto reduce el costo y la interrupción de tener que implementar esta infraestructura en una etapa posterior.

Para lograr este objetivo, los edificios que expidan permisos deberán estar equipados con:

• infraestructura física en la construcción hasta el punto de terminación de la red, como miniductos capaces de albergar redes de alta velocidad, y
• para los edificios de viviendas múltiples, un punto de acceso de fácil acceso para los proveedores de redes públicas de comunicaciones que deseen poner fin a sus redes en las instalaciones del abonado

Una vez que un edificio alcanza estos estándares, son elegibles para recibir la etiqueta voluntaria «listo para banda ancha». Pueden darse exenciones para ciertos tipos de edificios (militares, monumentos) o costos.

Todo proveedor de red tendrá derecho a acceder a cualquier infraestructura física en el edificio en condiciones equitativas y no discriminatorias, si la duplicación es técnicamente imposible o económicamente ineficiente.

En el caso de los edificios no equipados con infraestructuras de construcción preparadas para alta velocidad, los proveedores de redes pueden poner fin a su red en las instalaciones del abonado sujeto al acuerdo del abonado y siempre que minimicen el impacto en la propiedad de terceros.