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La Ley de Servicios Digitales exige a los prestadores de servicios intermediarios y a las plataformas en línea que publiquen informes periódicos de transparencia sobre la moderación de contenidos en sus servicios. Estos informes deben incluir información como el número de órdenes recibidas de las autoridades judiciales o administrativas de los Estados miembros, los recursos humanos dedicados a la moderación de contenidos, el número de cuentas y elementos de contenido retirados voluntariamente por el proveedor, y la exactitud y el índice de error de sus sistemas automatizados de moderación de contenidos.
Desde noviembre de 2023, las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño publicaron sus primeros informes. Sobre la base de la evaluación de los primeros informes, la Comisión ha decidido utilizar las competencias conferidas por la Ley de Mercados Digitales para adoptar un reglamento de ejecución destinado a aumentar la calidad y el nivel de armonización de los informes, a fin de garantizar el mismo nivel de transparencia y rendición de cuentas en todas las plataformas. El Reglamento de Ejecución, que se adoptará en los primeros meses de 2024, ordenará la forma y el contenido de los informes mediante el establecimiento de modelos obligatorios. Asimismo, normaliza los períodos de notificación para todos los proveedores de servicios.
La Comisión invita a todos los prestadores de servicios intermediarios, las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores y otros a presentar sus observaciones sobre el Reglamento de Ejecución hasta el 24 de enero de 2024.
La Ley de Servicios Digitales introduce un nivel completamente nuevo de rendición de cuentas a través de diversos mecanismos de transparencia. Además de sus obligaciones de transparencia informativa, todas las plataformas en línea están obligadas a revelar a sus usuarios activos mensuales, y las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda deben crear repositorios de anuncios, publicar informes de auditoría, elaborar informes de evaluación de riesgos y facilitar el acceso de los investigadores.
Consulta pública en torno a la ley de servicios digitales