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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha transmitido recientemente su informe anual de situación al Consejo y al Parlamento.

El 4 de noviembre de 2026, la Comisión Europea participó en la 5.a Conferencia de la Iniciativa Mundial de Etiquetado de Ciberseguridad.

La Oficina de IA presenta un informe sobre su taller sobre los requisitos de cualificación e independencia de los evaluadores externos de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico.

WISECOW ayuda a los productores de leche a detectar enfermedades antes, encontrar animales más rápido y reducir el tiempo dedicado al papeleo y las tareas rutinarias de la granja.

La Comisión ha publicado los informes anuales por país de las autoridades nacionales de reglamentación de las telecomunicaciones sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la internet abierta.

Dimitra utiliza sensores, riego inteligente y herramientas de apoyo a la toma de decisiones para reducir el uso de agua, fertilizantes y plaguicidas en la región italiana de Basilicata.

Los Digital Talent EU Days 2026 reunieron a responsables políticos, líderes de la industria, educadores y expertos en capacidades digitales en Dublín para explorar cómo Europa puede desarrollar, atraer y retener el talento necesario para reforzar su competitividad, apoyar la soberanía tecnológica y construir una economía digital más inclusiva.

La reunión conectó proyectos piloto con la comunidad más amplia de las administraciones públicas y los desarrolladores de IA, lo que brindó la oportunidad de intercambiar experiencias y debatir las condiciones necesarias para la adopción satisfactoria de una IA fiable en los servicios públicos.

El 13 de febrero de 2025, la Comisión y la Junta Europea de Servicios Digitales aprobaron la integración del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación de 2022 como Código de Conducta en materia de Desinformación en el marco del Reglamento de Servicios Digitales.

Las autoridades policiales y judiciales actúan como puntos de contacto para que los prestadores de servicios de alojamiento de datos notifiquen las presuntas infracciones penales en virtud del Reglamento de Servicios Digitales.

