En virtud de la Ley de servicios digitales, los servicios designados con más de 45 millones de usuarios activos en la UE tienen la obligación de mitigar los riesgos relacionados con los procesos electorales, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión.
Estas directrices recomiendan medidas de mitigación y mejores prácticas que deben emprender las plataformas en línea muy grandes y los motores de búsqueda antes, durante y después de los eventos electorales.