La Ley apoyará la creación de una red de administraciones públicas digitales soberanas e interconectadas y acelerará la transformación digital del sector público europeo. Ayudará a la UE y a sus Estados miembros a prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos y las empresas y, como tal, es un paso esencial para alcanzar los objetivos digitales de Europa para 2030 y apoyar unos flujos de datos fiables. También contribuirá a ahorrar costes, y la interoperabilidad transfronteriza puede suponer un ahorro de entre 5.5 y 6.3 millones EUR para los ciudadanos y entre 5.7 y 19 200 millones EUR para las empresas que tratan con las administraciones públicas.
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