Cláusula de exención de responsabilidad: las opiniones presentadas en el presente informe de síntesis no son las de la Comisión Europea, sino las de las partes interesadas que participaron en esta consulta pública abierta. En ningún caso podrá considerarse la posición oficial de la Comisión o de sus servicios.
Objetivos de la consulta
La Directiva de reducción de costes de la banda ancha tiene por objeto facilitar e incentivar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad reduciendo los costes del despliegue con un conjunto de medidas armonizadas. Las respuestas a la consulta pública complementan y actualizan las pruebas reunidas hasta la fecha por la Comisión, incluido el informe sobre la aplicación de la Directiva de reducción de costes de la banda ancha y el seguimiento continuo de su aplicación en los Estados miembros, así como la evolución tecnológica y del mercado que se produjo desde su adopción.
La revisión de la Directiva sobre la reducción de costes de la banda ancha («la Directiva») forma parte de las acciones anunciadas en la Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa» [COM (2020) 67 final] y es fundamental para alcanzar los objetivos de conectividad establecidos por la Comisión en la Comunicación para una sociedad del gigabit en Europa [COM (2016) 587 final], así como los objetivos y metas adoptados por la «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» (COM (2021) 118 final).
La consulta pública tenía como objetivo recabar opiniones sobre:
- evaluación del funcionamiento general de la Directiva
- posibles adaptaciones a la evolución tecnológica, reglamentaria y del mercado y otras mejoras con vistas a fomentar un despliegue más eficiente y rápido de redes sostenibles de muy alta capacidad (VHCN), incluidas la fibra y la 5G
- necesidad de alinearse con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (CECE)
- cómo podría contribuir el instrumento revisado a la sostenibilidad del sector de las comunicaciones electrónicas, en consonancia con el «Pacto Verde Europeo» [COM (2019) 640].
- la posible reducción de la carga administrativa y el potencial de simplificación.
¿Quiénes respondieron a la consulta?
De los 96 encuestados de 25 países (22 Estados miembros, Reino Unido, Noruega y China), 36 eran organizaciones empresariales (operadores de redes de comunicaciones electrónicas, operadores de otros tipos de redes, operadores de infraestructuras físicas destinadas a albergar redes de comunicaciones electrónicas, proveedores de equipos de comunicaciones electrónicas y servicios conexos), 23 asociaciones empresariales (principalmente de operadores de redes de comunicaciones electrónicas), 23 autoridades públicas (locales, regionales y nacionales, incluidas las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), seis ciudadanos de la UE, dos ONG, un sindicato y otras cinco (por ejemplo, oficinas competentes en materia de banda ancha, partes interesadas de interés general, etc.). Cuatro empresas u organizaciones empresariales que respondieron son pequeñas y medianas empresas (pymes) de Alemania (2), Eslovenia (1) y Suecia (1).
Figura 1: Distribución de las respuestas a la consulta pública por tipo de encuestado.
Figura 2. Distribución de las respuestas por país.
Los perfiles de los encuestados reflejan el carácter de autoselección de las consultas públicas y piden cautela a la hora de interpretar los resultados, ya que no pueden considerarse una muestra representativa de todas las partes interesadas europeas o de todas las partes interesadas dentro de una categoría de partes interesadas, ni sus comentarios tienen el mismo peso (por ejemplo, asociaciones europeas que representan a varios operadores de comunicaciones electrónicas de varios Estados miembros frente a opiniones individuales). Mientras que tres ANR participaron en esta consulta pública, el Consejo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha emitido un dictamen separado que abarca en general los mismos aspectos.
Apreciaciones preliminares
Por término medio, las secciones contaban con más del 70 % de participación activa (salvo que se especifique lo contrario, por «encuestados» se entiende aquellos que realmente respondieron a la (s) pregunta (s) específica (s), dado que los encuestados tenían libertad para no responder a todas las preguntas o subpreguntas, en función de sus conocimientos o de su interés específico). Sin perjuicio del análisis en profundidad de las respuestas, podemos observar las siguientes tendencias generales.
Motores del despliegue oportuno y eficiente de las redes de comunicaciones electrónicas
La mayoría de los encuestados indica que los siguientes aspectos tienen un impacto significativo en el despliegue oportuno y eficiente de las redes de comunicaciones electrónicas: procedimientos de concesión de autorizaciones (84 %) y tasas de concesión de autorizaciones (54 %); acceso a la infraestructura física existente de las redes de comunicaciones electrónicas (77 %), a la infraestructura física existente de las redes de suministro de electricidad (56 %) o a otros elementos e instalaciones adecuados para instalar elementos de red (55 %); coordinación de obras civiles y otros mecanismos de coinversión o despliegue conjunto (62 %); además de la información sobre la infraestructura física existente (79 %), sobre otros elementos e instalaciones adecuados para instalar elementos de red (71 %) o sobre las obras civiles en curso o previstas (68 %) y el acceso a la infraestructura física en el interior del edificio (69 %) [la opción de respuesta «Acceso a las infraestructuras físicas existentes de otras redes de suministro (por ejemplo, agua, calor, suministro de gas, alcantarillado)» se consideró un aspecto para influir en el despliegue oportuno y eficiente de las redes de comunicaciones electrónicas por parte de menos de la mitad de los encuestados).
Funcionamiento general de la Directiva
El 36 % de los encuestados (de los cuales el 29 % son representantes de asociaciones empresariales, el 25 % de los operadores de redes de comunicaciones electrónicas y el 36 % de las autoridades públicas) considera que la Directiva es coherente con 2009 marco regulador de las comunicaciones electrónicas y el 30 % con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (de los cuales el 13 % son representantes de asociaciones empresariales, el 29 % de los operadores de redes de comunicaciones electrónicas y el 42 % de las autoridades públicas). El 45 % de los encuestados confirma el valor añadido europeo de la armonización que aporta la Directiva a través de la previsibilidad normativa y la seguridad jurídica, el 29 % a través de procedimientos administrativos sencillos y eficientes, el 24 % a través de la facilidad para hacer negocios en toda la UE y el 23 % a través de economías de escala para las empresas con operadores que operan en varios países de la UE (figura 3).
Figura 3. Valor añadido europeo de la armonización que aporta la Directiva a través de diversos factores.
Por lo que se refiere a los objetivos generales de la Directiva, el 20 % de los encuestados considera que la Directiva es eficaz para facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad a menor coste, mientras que el 26 % sigue siendo neutral y el 43 % no la considera suficientemente eficaz. Por lo que se refiere a sus objetivos operativos, el 19 % de los encuestados considera que la Directiva es eficaz para reforzar la coordinación de las obras civiles y el 11 % para reducir el tiempo y el coste de la concesión de permisos, frente al 48 % y el 51 %, respectivamente, que la consideran ineficaz. Las razones planteadas son, por ejemplo, las barreras persistentes para el despliegue de la red, la falta de procedimientos administrativos uniformes y digitalizados y de coordinación entre las distintas administraciones públicas o la falta de eficacia suficiente del Punto Único de Información. El 34 % de los encuestados considera que la Directiva facilitó e incentivó el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas gracias al acceso a la infraestructura física existente y a las medidas de transparencia conexas, el 28 % como resultado de la coordinación de las obras civiles y las medidas de transparencia conexas, el 29 % como resultado del acceso a la infraestructura física en el interior del edificio y las medidas de acceso conexas, el 28 % debido a organismos competentes y otras disposiciones horizontales, y el 25 % debido a procedimientos de concesión de autorizaciones.
Acceso y disponibilidad de infraestructuras físicas y coordinación de las obras civiles
Por lo que se refiere a la magnitud que representan los costes vinculados a la infraestructura física en relación con los costes globales de despliegue de las redes fijas y móviles/inalámbricas, solo menos del 40 % (fijo) y del 20 % (móvil/inalámbrico) de todos los participantes en la consulta pública proporcionan sus estimaciones correspondientes (la gran mayoría eran empresas, organizaciones empresariales o asociaciones empresariales que representaban a operadores de redes de comunicaciones electrónicas). Alrededor de tres cuartas partes de los encuestados consideran que estos costes son superiores al 60 % en el caso de las redes fijas y al 40 % en el caso de las redes móviles/inalámbricas (figura 4).
Figura 4: Porcentaje que representan los costes vinculados a la infraestructura física en relación con los costes globales del despliegue de las redes fijas y móviles/inalámbricas.
El 43 % de los encuestados considera que las obligaciones de satisfacer las solicitudes razonables de acceso en condiciones justas y razonables, incluidos los precios, a infraestructuras físicas propiedad de los operadores de redes de comunicaciones electrónicas son adecuadas para garantizar un acceso efectivo y proporcionado a los diferentes tipos de infraestructuras físicas existentes, mientras que el 41 % de los encuestados las considera adecuadas para el acceso a infraestructuras físicas propiedad de operadores de redes distintas de las redes de comunicaciones electrónicas. El 48 % de los encuestados considera que el principio de «condiciones justas y razonables» para el acceso a la infraestructura física con arreglo al artículo 3 de la Directiva no ha sido aplicado de manera efectiva (con respecto al resultado) y el 46 % no ha sido aplicado de manera eficiente (en lo que respecta al tiempo) por parte de los organismos de resolución de litigios.
Por lo que se refiere al acceso a la infraestructura física existente, los encuestados consideran que la falta de disponibilidad de infraestructuras físicas adecuadas (76 %), la falta de información sobre la infraestructura física existente (59 %), la dificultad de acordar las condiciones de acceso con los propietarios de infraestructuras físicas (58 %) y el lento o ineficaz proceso de resolución de litigios (54 %) dieron lugar a un despliegue más costoso o prolongado de la red. Los puntos de vista de las principales categorías de partes interesadas se presentan en la figura 5.
Figura 5: Factores que dieron lugar a un despliegue más costoso o prolongado de la red con respecto al acceso a la infraestructura física existente.
El 67 % de los encuestados indica que las disposiciones actuales sobre la infraestructura física en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad, tal como se establece en la Directiva, han tenido al menos cierta importancia a la hora de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.
Más de dos tercios de los encuestados consideran que la coordinación de las obras civiles entre las redes de comunicaciones electrónicas (71 %) o con las redes de transporte (incluidos ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) (68 %) y las redes eléctricas (incluidos los rayos públicos) (67 %) tendría cierta importancia para el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas, mientras que más de la mitad de los encuestados también indicaron redes de gas, agua y calefacción.
Figura 6. Relevancia de la coordinación de las obras civiles entre las redes de comunicaciones electrónicas y otros tipos de redes.
Medidas de transparencia
Por lo que se refiere a la información mínima relativa a la infraestructura física que debe estar disponible para los operadores que deseen desplegar redes de comunicaciones electrónicas más allá de la especificada en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva, el 74 % de los encuestados indica localización o ruta georeferenciadas y el 40 % de los encuestados indica la capacidad total y excedentaria para alojar elementos de la red (por ejemplo, número de conductos, m² de espacio disponible).
El 66 % y el 22 % de los encuestados indican, respectivamente, un repositorio de información único (poblado por operadores de redes y organismos públicos) y la federación de repositorios de información existentes (de diferentes operadores de redes u organismos públicos) como mejores mecanismos para garantizar el acceso más adecuado y eficiente a la información pertinente relativa a la infraestructura física existente y las obras civiles previstas.
Más del 60 % de los encuestados considera que la información facilitada en la figura 7 es pertinente para facilitar el despliegue de la red si la información se actualiza constantemente a través del punto único de información.
Figura 7: Pertinencia de la disponibilidad de información constantemente actualizada a través de los puntos únicos de información para facilitar el despliegue de la red.
Todas las autoridades involucradas
Por lo que se refiere a los factores que afectan negativamente a la complejidad y duración de los procedimientos de concesión de autorizaciones para desplegar o mejorar las redes de comunicaciones electrónicas, más de tres cuartas partes de los encuestados señalan la falta de coordinación entre las distintas autoridades competentes para la concesión de permisos (80 %), la multiplicidad de permisos necesarios para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas (79 %), la falta de medios o procedimientos electrónicos para las solicitudes de permisos y el incumplimiento del plazo para conceder todos los permisos relacionados con el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, incluidos los relativos a los derechos de paso (75 %).
Por lo que se refiere a las posibles medidas para racionalizar los procedimientos de concesión de autorizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, los encuestados indican (véase la figura 8): la disponibilidad de un procedimiento integrado de concesión de permisos que abarque todos los diferentes procedimientos de cada una de las autoridades competentes implicadas y de la posibilidad de presentar solicitudes de permiso por medios electrónicos (93 %); un punto de entrada único (ventanilla única), que actúa como intermediario, para dirigir las solicitudes de permisos a cualquier autoridad competente (nacional, regional o local) (89 %); coordinación y supervisión por un único organismo (o conjunto de organismos) de los procedimientos de concesión de autorizaciones por parte de todas las autoridades responsables (62 %); la armonización de los procedimientos de autorización a nivel de los Estados miembros (75 %) o de la UE (59 %) y la centralización de las competencias para todos los permisos en una autoridad dentro del Estado miembro (58 %).
Gráfico 8: Posibles medidas para racionalizar los procedimientos de concesión de autorizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.
Impacto ambiental de las redes de comunicaciones electrónicas
Los encuestados reconocen que el despliegue de redes fijas (37 %), la explotación de redes fijas (35 %), el despliegue de redes móviles/inalámbricas (31 %) y el funcionamiento de redes móviles/inalámbricas (40 %) podrían tener un impacto negativo moderado o más significativo en el medio ambiente, en particular debido a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.
El 72 % de los encuestados considera que la fabricación de los equipos, materiales utilizados y logística contribuiría al impacto medioambiental derivado del despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, mientras que el 58 % y el 56 % indicaron, respectivamente, las técnicas de despliegue (por ejemplo, el tipo de trenzado) y el tipo de redes (por ejemplo, fijas o inalámbricas/móviles) como factores que contribuyen a ello.
Gobernanza, ejecución e instrumento jurídico
En general, aunque una minoría de operadores de redes de comunicaciones electrónicas consideran que el sistema de resolución de litigios es eficaz, la opinión de las autoridades públicas es, en general, mucho más positiva.
Más de la mitad (53 %) de los encuestados está de acuerdo en que el establecimiento de normas sobre el reparto de costes (en caso de coordinación de las obras civiles) garantizaría un proceso satisfactorio de resolución de litigios (el 53 % de las asociaciones empresariales, el 39 % de las empresas u organizaciones empresariales y el 37 % de las autoridades públicas), mientras que el 44 % considera que esto se garantizaría imponiendo sanciones al organismo de resolución de litigios si la resolución no se adopta dentro del plazo (el 35 % de las asociaciones empresariales, el 46 % de las empresas u organizaciones empresariales y solo el 6 % de las autoridades públicas que respondieron a la pregunta pertinente).
El 47 % de los encuestados considera adecuado elegir una directiva como instrumento jurídico para regular las medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas, mientras que el 26 % de los encuestados lo considera inadecuado (de los cuales el 85 % eran operadores de redes/asociaciones y el 5 % autoridades públicas). Para la revisión, el 47 % de los encuestados está a favor de utilizar una directiva con una armonización mínima (similar a la Directiva actual); El 39 % de utilizar un reglamento como instrumento jurídico y el 25 % de utilizar una directiva con una armonización máxima.
Los próximos pasos
La Comisión llevará a cabo un análisis más profundo de las respuestas. La evaluación de las respuestas, junto con las aportaciones adicionales recibidas de otras actividades y fuentes de consulta, se incorporarán a la evaluación de la aplicación de la Directiva y a la preparación de la evaluación de impacto y la propuesta legislativa revisada.
Informe de síntesis factual — Contribuciones a la consulta
Descargar el informe de síntesis de la Directiva sobre la reducción de costes de la banda ancha (.pdf).
Consulte las contribuciones individuales de los encuestados sobre «Díganos lo que piensa» y descargue las contribuciones adicionales de Bundesregierung (.pdf), ECTA (.pdf) y CETIN (.pdf).