La Comisión solicita a Temu y Shein que faciliten más información sobre las medidas que han adoptado para cumplir las obligaciones de las ASD relacionadas con el denominado «mecanismo de notificación y acción» (que permite a los usuarios notificar productos ilegales), las interfaces en línea (que deben diseñarse de manera que no se engañe ni manipule a los usuarios a través de los denominados «patrones oscuros»), la protección de los menores, la transparencia de los sistemas de recomendación, la trazabilidad de los comerciantes y el cumplimiento desde el diseño.
Esta medida de ejecución también se basa en una denuncia presentada a la Comisión por organizaciones de consumidores.
Tanto Temu como Shein deben proporcionar la información solicitada antes del 12 de julio de 2024. Sobre la base de la evaluación de las respuestas, la Comisión evaluará los próximos pasos. Esto podría implicar la apertura formal de un procedimiento con arreglo al artículo 66 de la DSA.
De conformidad con el artículo 74, apartado 2, de la DSA, la Comisión puede imponer multas por información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información. En caso de falta de respuesta, la Comisión podrá decidir solicitar la información mediante decisión. En este caso, la falta de respuesta dentro del plazo podría dar lugar a la imposición de multas coercitivas.
Tras su designación como plataformas en línea muy grandes, Temu y Shein están sujetos a la supervisión de la Comisión, incluidas las obligaciones generales de la DSA, que entró en vigor el 17 de febrero de 2024 y están sujetas a la solicitud de información enviada el 28 de junio. Temu y Shein también siguen siendo supervisados por el Coimsiún na Meán y la Comisión de Competencia y Protección de los Consumidores como autoridades competentes de Irlanda en lo que respecta a sus obligaciones generales en virtud de la DSA. Temu y Shein disponen de cuatro meses a partir de la designación para cumplir las normas más estrictas en virtud de la Ley de Servicios Digitales, en particular la obligación de evaluar y mitigar debidamente los riesgos sistémicos derivados de sus servicios, como la difusión de productos no seguros y falsificados.