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Protección de bases de datos

Las bases de datos en la Unión Europea están protegidas por la legislación de la UE. La Directiva relativa a la protección jurídica de las bases de datos se adoptó en 1996 y se evaluó en 2018.

La Directiva relativa a la protección jurídica de las bases de datos protege las bases de datos mediante derechos de autor si son originales debido a la selección o disposición de su contenido. Las bases de datos no originales también pueden protegerse si la inversión en obtener, verificar y presentar los datos fue sustancial. Las bases de datos no originales incluyen compilaciones de casos jurídicos y leyes, listas de anuncios y bases de datos de publicaciones científicas.

La protección de las bases de datos se conoce como el derecho sui generis, un derecho de propiedad específico para bases de datos que no está relacionado con otras formas de protección, como los derechos de autor. El derecho de autor y el derecho sui generis pueden aplicarse si se cumplen las condiciones de protección de cada derecho. Las disposiciones de la Directiva se aplican tanto a las bases de datos analógicas como a las digitales.

Revisión de la Directiva sobre bases de datos

La segunda evaluación de la Directiva sobre bases de datos a partir de 2018 mostró que, si bien la Directiva sobre bases de datos proporciona un valor añadido, podría revisarse para facilitar el acceso y el uso de los datos.

La Comisión anunció en su programa de trabajo y plan de acción sobre propiedad intelectual para 2021 que revisará la Directiva. Esto siguió a la puesta en marcha de la Estrategia Europea de Datos. La revisión se centrará en facilitar el intercambio y el comercio de datos generados por máquinas y datos generados en el contexto del despliegue de la Internet de las Cosas (IoT). La revisión se llevará a cabo junto con la Ley de Datos.

Informe de evaluación

La Comisión Europea ha publicado dos evaluaciones de la protección que la legislación de la UE otorga a las bases de datos desde que la Directiva entró en vigor en 1996.

La primera de estas evaluaciones tuvo lugar en 2005. La segunda evaluación de la Directiva sobre bases de datos se publicó el 25 de abril de 2018, como parte del tercer paquete de datos. El objetivo principal de la evaluación era evaluar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE de la Directiva. En particular, tuvo en cuenta el derecho sui generis, analizando si sigue siendo adecuado para su finalidad en el nuevo entorno jurídico, económico y tecnológico.

La evaluación fue apoyada por un estudio externo. Este estudio de apoyo también proporcionó pruebas considerables para respaldar la evaluación de la Directiva por parte de la Comisión. Contenía un análisis jurídico y económico, una encuesta en línea, entrevistas en profundidad con expertos y profesionales jurídicos, y los resultados de un taller de partes interesadas.

Consulta con las partes interesadas

La Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública entre el 24 de mayo y el 30 de agosto de 2017 para informar su informe de evaluación.

El objetivo de la consulta era comprender cómo se aplica la Directiva sobre bases de datos, y en particular la protección sui generis de las bases de datos, y qué impacto ha tenido en los usuarios y los fabricantes. Se recibió un total de 113 respuestas. Estos provienen del sector editorial, el sector de la investigación y el sector académico, el sector de TI, el sector del transporte y más. El informe resumido de la consulta pública se publicó en octubre de 2017.

Las actividades de consulta llevadas a cabo por la Comisión Europea y un contratista dieron lugar a un informe de síntesis. El presente informe ofrece una visión general del mercado de las bases de datos y analiza el impacto y la aplicación de la Directiva. También evalúa la necesidad de ajustes para garantizar un equilibrio entre los derechos de los propietarios de las bases de datos y las necesidades de los usuarios.

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