La Comisión Europea está tomando medidas concretas para desarrollar servicios públicos digitales transfronterizos.
Los servicios públicos digitales eficaces, o administración electrónica, pueden proporcionar una amplia variedad de beneficios. Estos incluyen una mayor eficiencia y ahorro para los gobiernos y las empresas, una mayor transparencia y una mayor participación de los ciudadanos en la vida política.
Las TIC ya son ampliamente utilizadas por los organismos gubernamentales, pero la administración electrónica implica algo más que las herramientas: implica repensar las organizaciones y los procesos, y cambiar el comportamiento para que los servicios públicos se presten de manera más eficiente a las personas. Aplicada correctamente, la administración electrónica permite a los ciudadanos, las empresas y las organizaciones llevar a cabo sus interacciones con el gobierno de manera más fácil, rápida y a menor coste.
El ahorro potencial de costes es enorme. En Dinamarca, la facturación electrónica ahorra a los contribuyentes 150 millones de euros al año y a las empresas 50 millones de euros al año. Si se introduce en toda la UE, el ahorro anual podría superar los 50 000 millones de euros. Mientras tanto, en Italia, los sistemas de contratación electrónica recortaron más de 3.000 millones de euros en costes.
Los servicios públicos digitales transfronterizos permiten a las personas circular libremente en la UE. Ya sea que se mude por trabajo o familia, puede tratar fácilmente con servicios públicos fuera de su país de origen.
Como parte de su estrategia, la Comisión Europea está tomando medidas concretas para el desarrollo de servicios públicos digitales transfronterizos. Estas incluyen, entre otras cosas, la creación de plataformas interoperables europeas, como un marco común para la gestión electrónica de la identidad de los ciudadanos, y el fomento de la innovación mediante la financiación de proyectos piloto a gran escala.
Se dispone de directrices sobre cómo hacer un mejor uso de las normas abiertas para los sistemas de TIC de las autoridades públicas con el fin de evitar dependencias de determinados proveedores de sistemas de TIC (bloqueo).
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