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Configurar el futuro digital de Europa

administración electrónica y servicios públicos digitales

La Comisión Europea está adoptando medidas concretas para desarrollar servicios públicos digitales transfronterizos.

    Un teclado de computadora con un botón de administración electrónica

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Los servicios públicos digitales eficaces, o la administración electrónica, pueden proporcionar una amplia variedad de beneficios. Estos incluyen una mayor eficiencia y ahorro para los gobiernos y las empresas, una mayor transparencia y una mayor participación de los ciudadanos en la vida política.

Las TIC ya son ampliamente utilizadas por los organismos gubernamentales, pero la administración electrónica implica algo más que las herramientas: implica repensar las organizaciones y los procesos, y cambiar el comportamiento para que los servicios públicos se presten de manera más eficiente a las personas. Implementada correctamente, la administración electrónica permite a los ciudadanos, empresas y organizaciones llevar a cabo sus interacciones con el gobierno de manera más fácil, más rápida y a menor costo.

Los ahorros potenciales de costos son masivos. En Dinamarca, la facturación electrónica ahorra a los contribuyentes 150 millones de euros al año y a las empresas 50 millones de euros al año. Si se introducen en toda la UE, el ahorro anual podría superar los 50000 millones EUR. Mientras tanto, en Italia los sistemas de contratación pública electrónica redujeron más de 3000 millones de euros en costes.

Los servicios públicos digitales transfronterizos permiten a las personas circular libremente en la UE. Ya sea que se mude por trabajo o por familia, puede ocuparse fácilmente de los servicios públicos fuera de su país de origen.

Como parte de su estrategia, la Comisión Europea está tomando medidas concretas para el desarrollo de servicios públicos digitales transfronterizos. Estos incluyen, entre otros, la creación de plataformas europeas interoperables, como un marco común para la gestión de la identidad electrónica de los ciudadanos, y el fomento de la innovación a través de la financiación de proyectos piloto a gran escala.

Se dispone de directrices sobre cómo hacer un mejor uso de las normas abiertas para los sistemas de TIC de las autoridades públicas a fin de evitar dependencias de determinados proveedores de sistemas de TIC (bloqueo).

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