Banda ancha: Modelos de inversión

Modelo de inversión directa: el modelo de red municipal de gestión pública (DBO público)

En este modelo, la autoridad pública construye una red de banda ancha en el municipio, condado o región (DBO se refiere como diseño, construcción y operación). El despliegue es gestionado y controlado directamente por la autoridad pública. Para esto, una empresa recién establecida o una división dedicada dentro de una utilidad existente implementa la red directamente o a través de la adquisición estándar en el mercado. La autoridad pública mantiene la propiedad de la red y gestiona la operación y el mantenimiento. Por lo general, la red se pone a disposición de todos los agentes del mercado (red de acceso abierto). La autoridad pública o empresa con fines especiales necesita un compromiso considerable y asume todos los riesgos financieros de la operación, pero también conserva el control total sobre el diseño y la forma en que se utiliza la red.

Modelo de concesión: el modelo de red municipal de gestión privada

En este modelo, la autoridad pública adquiere la construcción y operación de una red de banda ancha en el municipio, condado o región de un actor privado (también conocido como externalización pública o modelo de concesión), que recibe una concesión para operar la red durante un largo período de tiempo, típicamente de veinte a treinta años.

La empresa privada contratada generalmente construye una red abierta, neutral para el operador, sobre la cual los proveedores de servicios competidores pueden ofrecer sus servicios a todos los usuarios finales. La autoridad pública mantiene la propiedad de la infraestructura pasiva. Como propietario de una red, la autoridad pública tiene una gran influencia en el proceso de diseño y suministro de servicios.

Con el fin de garantizar condiciones justas y no discriminatorias a todos los proveedores de servicios, lo ideal sería prohibir a la empresa privada que construye y explota la red prestar sus propios servicios. Sin embargo, este no siempre es el caso, principalmente debido a la escasez de proveedores de redes neutrales para el operador y de proveedores de servicios independientes en algunos Estados miembros, así como a un escaso conocimiento de esta posibilidad.

La empresa contratada compromete la inversión y toma todos los ingresos, pero también los riesgos comerciales para todo el período del contrato. Al final del contrato, la infraestructura de red permanece en manos de la autoridad pública, que puede entonces decidir renovar el contrato, firmar un contrato con otra empresa o incluso cambiar su participación por completo y adoptar un modelo de red municipal de gestión pública.

Modelo de apoyo comunitario

En este modelo, la inversión en banda ancha se lleva a cabo como una iniciativa privada de los residentes locales (enfoque ascendente). En general, estos proyectos han tenido mucho éxito al impulsar la tasa de aceptación entre los usuarios finales y en la construcción de casos financieramente sostenibles. El grado de competencia varía entre proyectos que utilizan un modelo de negocio de red abierta con buenos niveles de competencia para otros que actúan como operadores verticalmente integrados o que adquieren servicios de un operador durante varios años.

La autoridad pública puede apoyar la cofinanciación y la concesión de los derechos de paso, la regulación y la coordinación con otras infraestructuras y el acceso a infraestructuras públicas y puntos de presencia para proporcionar conexiones de retorno. Las autoridades públicas también pueden ayudar a establecer condiciones justas para todos los operadores que deseen acceder a la infraestructura.

Modelo de subvención a los operadores (financiamiento de brechas o DBO privado)

En este modelo, la autoridad pública no participa directamente en los proyectos de despliegue de banda ancha de la región, sino que subvenciona a un actor del mercado para mejorar su propia infraestructura. Los operadores de telecomunicaciones existentes y los grandes proveedores alternativos suelen poseer la infraestructura pasiva, los equipos activos y ofrecer servicios a los usuarios finales en un modelo integrado verticalmente.

La autoridad pública financia la brecha entre lo que es comercialmente viable y la cobertura que la autoridad pública pretende lograr. La financiación se ofrece como subvención a uno o más operadores privados.

Las ventajas de este modelo radican en acuerdos contractuales comparativamente simples, el potencial de despliegue relativamente rápido y la compensación de riesgos para el beneficiario/operador de la subvención. Sin embargo, las autoridades públicas no recibirán recompensas financieras, sino que tendrán que hacer frente a una solicitud de financiación más elevada para cada nueva fase de despliegue, lo que dará lugar a inversiones superiores a las previstas.

Elegir el modelo

Las preguntas que una autoridad pública tendrá que responder antes de elegir un modelo de inversión son:

• ¿Cómo podemos crear un motor que garantice la inversión futura en infraestructura más allá del proyecto inmediato y la financiación disponible?
• ¿Hay beneficios en mantener el control y la propiedad de la infraestructura pasiva y en la definición de las prioridades de despliegue?
• ¿Preferiríamos mantener la propiedad de la infraestructura pero dejar que un operador defina y ejecute el despliegue?
• ¿Cuáles son los pros y los contras que implican a los operadores integrados verticalmente (incumbents y otros) para actualizar o expandir la red?
• ¿Vemos también margen para apoyar iniciativas ciudadanas locales ascendentes?
• Dadas las condiciones socioeconómicas sobre el terreno, ¿qué nivel de competencia es necesario para facilitar la penetración de servicios de alta calidad y asequibles?

Para obtener más información, consulte la Guía de inversión de banda ancha.