Los modelos de inversión presentan oportunidades interesantes para que una autoridad pública participe en el desarrollo regional de la banda ancha.
Modelo de inversión directa: el modelo de red municipal pública (DBO público)
En este modelo, la autoridad pública construye una red de banda ancha en el municipio, condado o región (DBO se refiere a diseñar, construir y operar). El despliegue es gestionado y controlado directamente por la autoridad pública. Para ello, una empresa de reciente creación o una división dedicada dentro de una empresa de servicios públicos existente despliega la red directamente o a través de la adquisición estándar en el mercado. La autoridad pública mantiene la propiedad de la red y gestiona la explotación y el mantenimiento. A continuación, la red se pone generalmente a disposición de todos los agentes del mercado (red de acceso abierto). La autoridad pública o empresa de propósito especial necesita un compromiso considerable y asume todos los riesgos financieros de la operación, pero también conserva el control total sobre el diseño y la forma en que se utiliza la red.
Modelo de concesión: el modelo de red municipal de gestión privada
En este modelo, la autoridad pública adquiere la construcción y operación de una red de banda ancha en el municipio, condado o región a un actor privado (también conocido como modelo de subcontratación o concesión pública), que recibe una concesión para operar la red durante un largo período de tiempo, generalmente de veinte a treinta años.
La empresa privada contratada generalmente construye una red abierta y neutra para el operador a través de la cual los proveedores de servicios competidores pueden prestar sus servicios a todos los usuarios finales. La autoridad pública mantiene la propiedad de la infraestructura pasiva. Como propietario de la red, la autoridad pública tiene una gran influencia en el proceso de diseño y prestación de servicios.
Para garantizar condiciones justas y no discriminatorias a todos los proveedores de servicios, lo ideal sería prohibir a la empresa privada que construya y explote la red que preste sus propios servicios. Sin embargo, este no es siempre el caso, debido principalmente a la escasez de proveedores de redes neutros con respecto al operador y de proveedores de servicios independientes en determinados Estados miembros, así como al escaso conocimiento de esta posibilidad.
La empresa contratada compromete la inversión y toma todos los ingresos, pero también los riesgos comerciales para todo el período del contrato. Al final del contrato, la infraestructura de red permanece en manos de la autoridad pública, que puede decidir renovar el contrato, firmar un contrato con otra empresa o incluso cambiar su participación por completo y adoptar un modelo de red municipal de gestión pública.
Modelo de apoyo comunitario
En este modelo, la inversión en banda ancha se lleva a cabo como una iniciativa privada por parte de los residentes locales (enfoque ascendente). En general, estos proyectos han tenido mucho éxito a la hora de impulsar la tasa de aceptación entre los usuarios finales y de crear casos sostenibles desde el punto de vista financiero. El grado de competencia varía entre proyectos que utilizan un modelo de negocio de red abierta con buenos niveles de competencia y otros que actúan como operadores integrados verticalmente o que adquieren servicios de un operador durante varios años.
La autoridad pública puede apoyar la cofinanciación y la concesión de derechos de paso, la regulación y la coordinación con otros despliegues de infraestructuras y el acceso a infraestructuras públicas y puntos de presencia para proporcionar conexiones de retorno. Las autoridades públicas también pueden ayudar a establecer condiciones justas para todos los operadores que deseen acceder a la infraestructura.
Modelo de subvención al operador (financiación por diferencias o DBO privada)
En este modelo, la autoridad pública no participa directamente en los proyectos de despliegue de banda ancha de la región, sino que subvenciona a un agente del mercado para que mejore su propia infraestructura. Los operadores de telecomunicaciones existentes y los grandes proveedores alternativos suelen poseer la infraestructura pasiva, los equipos activos y ofrecer servicios a los usuarios finales en un modelo integrado verticalmente.
La autoridad pública financia la brecha entre lo que es comercialmente viable y la cobertura que la autoridad pública pretende lograr. La financiación se ofrece como una subvención a uno o más operadores privados.
Las ventajas de este modelo residen en unos acuerdos contractuales comparativamente sencillos, en la posibilidad de un despliegue relativamente rápido y en la compensación de los riesgos para el beneficiario/operador de la subvención. Sin embargo, las autoridades públicas no recibirán recompensas financieras, sino que tendrán que hacer frente a una mayor solicitud de financiación para cada nueva fase de despliegue, lo que dará lugar a mayores inversiones de las previstas.
Elegir el modelo
Las preguntas que una autoridad pública deberá responder antes de elegir un modelo de inversión son:
- ¿Cómo podemos crear un motor que garantice la inversión futura en infraestructura más allá del proyecto inmediato y la financiación disponible?
- ¿Hay beneficios en mantener el control y la propiedad de la infraestructura pasiva y en definir las prioridades de despliegue?
- ¿Preferiríamos mantener la propiedad de la infraestructura pero dejar que un operador defina y ejecute el despliegue?
- ¿Cuáles son los pros y los contras de involucrar a los operadores integrados verticalmente (incumbentes y otros) para actualizar o expandir la red?
- ¿Vemos también margen para apoyar las iniciativas ciudadanas locales ascendentes?
- Dadas las condiciones socioeconómicas sobre el terreno, ¿qué nivel de competencia se requiere para facilitar la penetración de servicios asequibles y de alta calidad?
Para más detalles, véase el Broadband Investment Handbook (Manual de inversión en banda ancha).
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